La Unión Europea (UE) dio luz verde definitiva a añadir la explotación en la gestación subrogada, el matrimonio forzado y las adopciones ilegales como nuevos delitos en la ya existente directiva europea contra la trata de seres humanos, que también prevé nuevas medidas para apoyar a las víctimas.
“Era muy necesario añadir el matrimonio forzado, la adopción ilegal y la explotación de la maternidad subrogada a la ley contra la trata de la UE. Estos horrendos crímenes de trata de personas deben abordarse con toda la fuerza de nuestro código penal”, afirmó el viceprimer ministro belga y titular de Justicia, Paul Van Tigchelt, cuyo país ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE.
El visto bueno dado por el Consejo de la UE sigue la misma senda refrendada hace poco más de un mes por el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia).
Una vez que entre en vigor, el acuerdo estipula que los nuevos tipos de explotación serán castigados con una pena máxima de al menos cinco años de prisión, o de al menos diez años de prisión en caso de delitos agravados.
El acuerdo incluye una nueva agravante para tener en cuenta los efectos amplificadores de la difusión de material de explotación, como la difusión de contenidos visuales de carácter sexual que involucren a la víctima, a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Las personas jurídicas, como las empresas, también se enfrentarán a sanciones más severas, es decir, la exclusión del acceso a la financiación pública y la retirada de permisos y autorizaciones para realizar actividades que hayan dado lugar a la comisión del delito.
Tras el último visto bueno en el proceso legislativo comunitario dado, el texto entrará en vigor veinte días después de su próxima publicación en el Diario Oficial de la UE.
Los Estados miembros tendrán hasta dos años para transponer la directiva modificada a su legislación nacional.
Según datos de la Comisión Europea, la explotación sexual y laboral son los principales fines de la trata de seres humanos. Sin embargo, la mendicidad o la extracción de órganos (ya mencionadas explícitamente en la directiva de 2011) y el matrimonio forzado y la adopción ilegal (que entran con esta revisión de la directiva) representan ahora el 11 por ciento de todas las víctimas en la UE en 2020.
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