ISLA BLANCA.- El hotel Planet Hollywood Cancún ofrece a sus huéspedes la posibilidad de vacacionar como estrella de cine en Isla Blanca, ya que está inspirado en el glamur del séptimo arte. Es el primer alojamiento en México operado bajo la marca propiedad de Sylvester Stallone, Bruce Willis, Demi Moore y Arnold Schwarzenegger.
En contraste con los ambientes de ensueño que invitan a vivir una experiencia de fantasía, este inmueble ha sido escenario de terror para trabajadores que han sido torturados, desaparecidos o asesinados durante la etapa de edificación.
La inauguración de este complejo hotelero de 898 habitaciones, cuya inversión alcanzó 200 millones de dólares, estaba programada para el 15 de diciembre de 2020. Sin embargo, se postergó unas semanas por el hallazgo de las osamentas de cuatro personas en un lote contiguo, en noviembre de 2020. Las identidades de las víctimas no se han dado a conocer oficialmente.
No es un caso aislado. El crimen organizado se ha infiltrado hasta los cimientos en la industria turística del Caribe mexicano, considerada el principal motor económico de la región, admiten autoridades, empresarios y trabajadores.
Catalonia, Atelier, Excellence, Majestic, Palladium, RIU Dunamar y RIU Beach Palace son alojamientos cuyas obras en construcción también fueron cooptadas por extorsionadores y vendedores de drogas, coinciden los testimonios de exobreros y un efectivo de la Policía Ministerial de Investigación del estado, con diligencias en la zona, quien por seguridad pidió no revelar su identidad.
Durante una reunión con diputados de la Comisión de Justicia, el 18 de diciembre de 2020, el titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), Óscar Montes de Oca Rosales, aseguró que la escalada de violencia en la entidad está directamente vinculada con los migrantes que se emplean en el sector de la construcción.
“De los homicidios (en Quintana Roo) –tanto victimarios como víctimas–, 80% no son de aquí; todos vienen de estados aledaños y tienen que ver con el tema de la construcción. Ahí son tomados y llevados, primero, para auxiliar en la venta de drogas y, posteriormente, los convierten en sicarios”, afirmó Montes de Oca.
Una fotografía de crímenes violentos
El 18 de junio de 2020, siete meses antes de la apertura oficial del Planet Hollywood Cancún, Ángel de la Cruz, un trabajador originario de Tabasco, fue llevado hacia un sótano dentro del resort por un grupo criminal infiltrado en la obra.
Lo que se sabe es que lo golpearon y torturaron durante 12 horas, le robaron su pago semanal y el celular. Luego lo liberaron. Era una advertencia para que Manolo, su patrón, pagara las cuotas forzadas que adeudaba al grupo criminal que había tomado la obra, de acuerdo con lo que el mismo Ángel pudo narrar por teléfono a su familia en Tabasco, gracias a un celular que le prestaron.
La amenaza se concretó el 21 de julio y Ángel desapareció: dos hombres encapuchados lo secuestraron en su lugar de trabajo, a la vista de sus compañeros. Desde entonces su familia lo busca con desesperación.
En el Planet Hollywood también fueron desaparecidos William Ariel Llanes, Carlos de la Cruz, Juan Pablo Pech y Carlos Ramón López, entre 2019 y 2020, mientras que en las obras del hotel Catalonia fueron desaparecidos Jesús Moisés Gómez y Laureano Méndez. Hasta el momento las investigaciones no han arrojado pistas sobre su paradero o sobre los responsables de su desaparición.
La extorsión en las obras de construcción, el reclutamiento de trabajadores, su tortura, desaparición y homicidio son parte de un esquema de operación de la delincuencia organizada que comenzó a ser identificado hace dos o tres años en Isla Blanca, se extendió a Cancún y actualmente abarca la costa norte del estado, confirma James Tobin Cunningham, miembro del Consejo Nacional de Seguridad.
Isla Blanca es el epicentro del problema. Llamada a ser “la nueva zona hotelera de Cancún”, aquí se proyecta la construcción de 29 mil 400 cuartos de hotel, según el Plan Parcial de Desarrollo Urbano. Sin embargo, ahí, además de las desapariciones de trabajadores de la construcción, existen reportes de ejecuciones violentas en agravio de este sector.
Por lo menos tres presuntos trabajadores aparecieron muertos afuera de los hoteles RIU, Planet Hollywood y Catalonia en 2020. Uno más apareció con signos de tortura en enero pasado.
¿Quién podría estar detrás de este escenario de violencia? Un diagnóstico en materia de seguridad elaborado por Lantia Consultores en 2016 ubicó la operación de dos grandes grupos de delincuencia organizada en el estado: el Cártel del Pacífico y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, con presencia en Cancún y Chetumal, dedicados al tráfico de drogas, personas, mercancías, la extorsión y el secuestro.
“Modus operandi”
El patrón de extorsión es similar en todas las obras donde se reporta presencia de personas ligadas a grupos criminales: trabajar tiene un costo o hay “tablazo”, un método de tortura en el que se utilizan pedazos de madera para golpear a la víctima. Todos los trabajadores tienen que pagar derecho de piso: ingenieros, arquitectos, jefes de obra, albañiles, electricistas, plomeros, ayudantes e, incluso, los vendedores ambulantes y trabajadores del transporte público.
El cobro varía, según el cargo y la obra en la que se labora. Es obligatorio y puede ser por dos vías: una cuota semanal de aproximadamente 500 pesos o dosis de mariguana que el empleado tiene que pagar de manera forzada.
René pagaba al narco unos mil 500 pesos semanales, la tercera parte de sus ingresos, por 10 bolsitas de mariguana que le obligaban a adquirir. Él es un obrero que trabajó en los hoteles Catalonia, Majestic y Planet Hollywood. Su nombre, y el de todos los empleados entrevistados para este reportaje han sido cambiados para no poner en riesgo su integridad.
El Ingeniero, como llaman a su patrón directo, tiene que dar una cuota adicional a la que paga cada obrero. Si no da ese pago, la primera advertencia es golpear a uno o varios de sus trabajadores, como ocurrió con Ángel de la Cruz.
Cada obra en los resorts de gran dimensión, con superficies de hasta 40 hectáreas, alberga en promedio 800 trabajadores. Mezclados con este ejército de obreros se encuentran los hampones.
Los criminales llevan el control de la asistencia y de cuánto gana cada obrero por semana. El vendedor les ofrece drogas todo el día. La situación empeora si, además de la cuota semanal, los trabajadores se endeudan para poder consumir, describe Jacinto.
Tobin sostiene que los delincuentes identifican las construcciones cuando apenas inician, buscan a los responsables de obra y también a los contratistas; investigan sus datos personales y luego los abordan.
El 15 de marzo de 2021, la FGE informó en un comunicado sobre la detención de tres sujetos identificados como Marcos, Martín y Carlos, relacionados con delitos de extorsión, así como posesión, tráfico y venta de drogas en construcciones hoteleras, coincidente con el modus operandi anteriormente descrito.
Calvario de las víctimas invisibles
Movidos por la promesa de salarios más altos y mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, hombres y, en menor proporción, mujeres, migran de poblaciones marginadas en el sureste de México hacia Quintana Roo, a fin de emplearse en la industria de la construcción.
De las 74 mil 764 personas que emplea este sector, 51 mil 351 están dadas de alta ante el IMSS; es decir 23 mil 413 se encuentran en un esquema de informalidad, sin prestaciones laborales, seguridad social ni un contrato de responsabilidad patronal. Aun así, Catalina Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, afirma que las condiciones laborales en el estado son muy superiores a las que tienen los obreros en sus estados de origen.
Sin embargo, la aportación de los empleados de la construcción a una economía que se extiende año con año no es proporcional a las condiciones de trabajo, marcadas históricamente por la explotación, informalidad y riesgos de seguridad, lamenta Juan José Chilón, exlíder del Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de la Construcción (Sitec). La carencia económica y casi nula movilidad social los colocan actualmente en la mira de la delincuencia organizada.
Para la criminóloga y especialista en seguridad Mónica Franco, esos jóvenes, en condiciones de pobreza, solos y lejos de sus familias, no cuentan con redes de acompañamiento, lo que aumenta su vulnerabilidad.
Estas condicionantes, agrega la experta, han vuelto prácticamente imposible que los trabajadores tengan posibilidad de denunciar extorsión y actos de tortura.
La FGE reconoce que existen 18 carpetas de investigación por desaparición relacionadas con trabajadores de la industria de la construcción, de acuerdo con una respuesta oficial. Sin embargo, la fiscalía no tiene datos sobre los operativos realizados en las obras de construcción y declaró que no hay registro de fosas clandestinas entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de noviembre de 2020, lo que deja fuera los hallazgos cerca del Planet Hollywood.
Para las familias, la búsqueda se ha convertido en una odisea, debido a sus carencias económicas, falta de conocimiento jurídico, apatía de la FGE y deficiente acompañamiento. También han manifestado que ni los hoteles ni las constructoras para las que laboraban han accedido a coadyuvar con la investigación.
Aunque sobre los hoteles Planet Hollywood y Catalonia pesan denuncias por desaparición de trabajadores dentro de sus instalaciones, estos complejos turísticos operan con normalidad.
Protección… de la marca turística
En un destino como Cancún, cuya economía depende de los más de 23 millones de visitantes que llegan anualmente, es una prioridad cuidar la imagen de los centros turísticos. El fiscal Montes de Oca lo expuso en esos términos durante la reunión de diciembre con legisladores: “Todos los eventos (homicidios) son lamentables, pero para un estado que vive del turismo, tenemos que cuidar nuestra materia prima, que es precisamente el turismo, para que no suceda que decidan no venir”.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, descartó que se trate de una situación grave. Desestima que inhiba la llegada de turistas al estado y agrega que hasta el momento ninguna inversión se ha detenido por razones de seguridad.
Vanegas reconoce que grupos del narcotráfico se han “colado” en los hoteles en desarrollo, pero plantea que esto se resuelve de una forma “simple”: certificando a las empresas proveedoras “ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción”.
Esta postura es compartida por Ramón Roselló, gerente de InverHotel, sociedad que agrupa a 16 cadenas hoteleras que suman 50 mil de los 114 mil cuartos que operan en el Caribe mexicano.
Si bien Roselló reconoce que hay un problema de inseguridad en las construcciones, opina que no es “tan grave” y califica como “excepcional” el trabajo de las autoridades. Dice que si se repiten mucho las noticias sobre violencia en las construcciones, eso podría tener un impacto negativo en la imagen de Cancún como destino.
Por su parte, Tobin menciona que ya hay inversionistas que han frenado proyectos por cuestiones de inseguridad en las obras.
Mientras el turismo en la zona muestra signos de progreso, el viacrucis no termina para las víctimas y sus familiares.
Para Chilón, la marca turística ha pesado más que la propia vida de los trabajadores, y concluye: “Es muy lamentable que se oculte información con tal de preservar la imagen de la ciudad y evitar que el turista no venga”.
Con información de Proceso