Jesús Alberto Capella Ibarra no estaba en el estado el día de la represión, pero él era el principal responsable de la corporación policiaca
CANCÚN.- Sin involucrar a Jesús Alberto Capella Ibarra, en ese momento Secretario de Seguridad Pública Estatal de Quintana Roo, ni detenidos, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició acción penal contra 11 mandos policiacos tras la represión en protesta del pasado 9 de noviembre, cuando balearon a 3 personas, 2 de ellas periodistas.
En un comunicado que dio a conocer Oscar Montes de Oca, se informó que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ejercitó acción penal en contra de once mandos y elementos policíacos, por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y robo investigados en la carpeta de investigación pertinente, por hechos suscitados el pasado 9 de noviembre en las instalaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez, cuando se manifestaban grupos feministas y simpatizantes, en protesta de un feminicidio que aconteció en esta ciudad.
En el expediente se encuentran relacionados, en su calidad de víctimas 2 periodistas del Estado de Quintana Roo quienes resultaron lesionados por arma de fuego, así como 8 personas más con heridas en diferentes partes del cuerpo -a una de ellas le sustrajeron sus pertenencias- quienes participaban en la manifestación que se llevaba a cabo en la Plaza la Reforma, ubicada frente al Palacio Municipal ya citado.
De la investigación se desprendió que participaron al menos 78 policías municipales según reportes oficiales, divididos en cuatro grupos, cuyo objetivo era la protección y contención a las instalaciones.
La representación social hasta este momento ha practicado diversos actos de investigación, entre ellos: 10 entrevistas a las víctimas -a quienes se les otorgaron medidas de protección-, fueron entrevistados 78 elementos policiacos; se practicaron 89 dictámenes periciales de diversas especialidades, entre ellos en materia de medicina, de balística, de psicología, de valuación, de química, de análisis de videograbaciones, de identificación y se revisaron 60 armas de fuego, continuándose con el análisis del total de armas que ampara la licencia colectiva para la confronta con un elemento balístico encontrado en el cuerpo de una de las víctimas.
Además, se envió un desglose a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República y otro desglose a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad de la FGE Quintana Roo, por lo que hace a probables hechos relacionados con delitos sexuales.
También se dio intervención a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
De momento se ha concluido, que 9 mandos de la policía municipal incumplieron con su deber de cuidado al no salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, lo que era su responsabilidad en términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; así mismo, pusieron en riesgo a los asistentes de dicha manifestación al permitir que personal bajo su mando acudiera con armas de fuego al lugar de los hechos, no evitando el empleo ilícito de la fuerza al ser utilizadas las armas de fuego de manera innecesaria e injustificada, contraviniendo la Ley Nacional del Uso de la Fuerza Pública.
Por otra parte, también fueron omisos en ordenar la detención de aquellos elementos de la policía que accionaron sus armas de fuego, en contra de los ahora lesionados.
Finalmente, también se formulará imputación en contra de los mismos mandos, por permitir que se alterara la escena de los hechos y se destruyeran, ocultaran y desaparecieran elementos probatorios.
Por lo anterior esta Fiscalía ejercitó acción penal en contra de 11 personas servidoras públicas, entre ellos 9 mandos y 2 elementos policíacos, quienes al momento de los hechos, desempeñaban el cargo de Secretario, Subsecretario, Director, 3 coordinadores, 3 supervisores y 2 elementos, todos ellos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal en Benito Juárez.
En los próximos días se llevará a cabo audiencia inicial ante un Juez de Control, para formular la imputación correspondiente y la imposición de medidas cautelares.
La representación social continuará con la investigación por diversos hechos señalados como delito por la ley en contra de otros servidores públicos que probablemente participaron en los mismos.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo cumple con su obligación constitucional de localizar, perseguir y capturar a quienes transgreden la ley y atentan contra la vida y la integridad física de los Quintanarroenses.
