Senado aprueba, en lo general y lo particular, “Plan B” de la Reforma Electoral

por El Sureste
Senado aprueba, en lo general y lo particular, "Plan B" de la Reforma Electoral

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el denominado “Plan B” de la Reforma Electoral, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El dictamen contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En lo general se emitieron 69 votos a favor, 53 en contra y cero abstenciones. En lo particular sumaron 68 votos a favor, 50 en contra y cero abstenciones.

El dictamen en materia electoral fue turnado a la Cámara de Diputados para el trámite correspondiente.

Con las reformas a diversas leyes electorales se limita política y económicamente al INE y se compactan sus estructuras, así como algunas funciones del TEPJF.

El proyecto suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del INE y reduce de 300 oficinas distritales a 264.

También por primera vez se reconoce que los migrantes mexicanos o los residentes mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet.

Además, establece las bases para el voto electrónico y por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto en la jornada electoral.

Otra disposición es que los partidos estarán obligados a garantizar candidaturas a grupos diversos, como jóvenes, indígenas, afromexicanos, migrantes, personas LGBT y personas con discapacidad.

Este miércoles, el INE señaló que “la aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionando durante más de tres décadas”.

Además, el organismo acusó que la Reforma Electoral es producto de la polarización y no del consenso, pone en riesgo el padrón electoral, el conteo de votos y la fiscalización y dejará sin trabajo a 8 de cada 10 profesionales del Servicio Profesional, entre otros puntos.

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