Los hechos se produjeron durante las campañas a la diputación local por el Distrito 1 electoral
ISLA MUJERES.- El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aplicó una sanción económica contra el director de Protección Civil de Isla Mujeres, Merced Ortiz Mayo, su sobrino Ángel Antonio Ortiz Franco y un sujeto identificado como Cristian Alberto Ojeda Chuc, al acreditarse violencia política de género contra Atenea Gómez Ricalde durante el período de campaña en busca de la diputación por el I distrito electoral.
Distribuyeron volantes con la imagen de una mujer que promovía la prostitución.
Los hechos denunciados por la entonces candidata a diputada por el Distrito I electoral consistieron en que Merced Ortiz Maya, Ángel Antonio Ortiz Franco y Cristian Alejandro Ojeda Chuc distribuyeron volantes con la imagen de una mujer que promovía la prostitución y cuyo número telefónico correspondía a la entonces candidata a diputada del PAN.
Es así que el Consejo General del IEQROO aplicó multas por 5 mil 322 pesos con 87 centavos a Merced Ortiz Mayo, de 2 mil 703. 68 pesos a Ángel Antonio Ortiz Franco y 2 mil 703. 68 pesos a Cristian Alberto Ojeda Chuc quienes disponen de 15 días a partir de la notificación para cubrir la multa ante la dirección administrativa del IEQROO y en caso de incumplir con la obligación se procederá a cobrar conforme a la ley aplicable en el caso.
Los infractores quedarán registrados en el registro Nacional de Personas Sancionadas.
Además, los consejeros determinaron inscribir los nombres de los infractores en el registro Nacional de Personas Sancionadas y se le dará vista a la Fiscalía General del Estado, al Instituto Nacional Electoral y al propio ayuntamiento de Isla Mujeres y al Instituto Quintanarroense de la Mujer.
El ayuntamiento de Isla Mujeres deberá, si así lo considera, impartir talleres a todos sus funcionarios para promover la igualdad de hombres y mujeres, nuevas masculinidades y el combate a la violencia de género.
El IQM facilitará a la hoy diputada Atenea Gómez Ricalde ayuda psicológica necesaria para hacer frente al daño sufrido con motivo de los hechos denunciados.
