El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el Poder Judicial está podrido y tomado por la mafia del poder económico y político, luego de que ayer un tribunal colegiado ratificara la negativa de una orden de captura contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.
Es lo que venimos sosteniendo: el Poder Judicial está podrido. Hay excepciones en jueces, magistrados, en ministras, excepciones. pero la regla es que ese poder está tomado, secuestrado, al servicio de la mafia del poder económico y del poder político”, dijo.
“Esto es una prueba más: le otorgaron amparo a García Luna, ya le habían otorgado amparo para que se le descongelaran sus cuentas, ya habían nombrado el brazo derecho de la presidenta de la Corte, que es una gente cercana a García Luna, y ahora lo amparan en una denuncia de corrupción presentada por la FGR, más claro ni el agua”, indicó.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que el Poder Judicial debe ser reformado por el pueblo en las próximas elecciones de 2024.
“Por eso hay que reformar al Poder Judicial y o tienen que hacer el pueblo en la elección para que se pueda reformar la Constitución en el Congreso y para eso se necesita contar con mayoría, no simple, sino calificada”, subrayó.
Si se logra tener esa mayoría calificada se va poder reformar la Constitución para que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, y desmontar este aparato de la corrupción y construir un nuevo, un sistema nuevo y es la única forma”, argumentó.
La Fiscalía General de la República (FGR) explicó que, después de haber obtenido de un Juez de Control una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra de García Luna (2006-2012), un tribunal negó el mandamiento judicial.
La FGR recordó que el delito de enriquecimiento ilícito que pesa sobre García Luna es “por habérsele descubierto un ingreso injustificado, inicialmente de más de 43 millones de pesos (unos 2,4 millones de dólares), pero el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito “resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido”.
En un comunicado, la FGR señaló que la resolución judicial se dio “aun cuando con los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional está demostrado que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso”.
Expuso que el Tribunal integrado por tres magistrados, Alberto Torres, Manuel Bárcena y Gabriela Rodríguez, violentando el artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, el cual establecía: “se sancionará a quien, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito”, tomó la mencionada decisión.
En la nota, la FGR recordó que existen otras tres órdenes de aprehensión vigentes, por diferentes delitos, en contra de García Luna.
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