El FBI realizó un registro en la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, informó el exmandatario en un extenso comunicado, y afirmó que los agentes abrieron una caja fuerte. Una persona al tanto del asunto dijo que las acciones estaban relacionadas con una pesquisa sobre si Trump se había llevado a su residencia de Florida archivos confidenciales de la Casa Blanca.
Las acciones, que ni el FBI ni el Departamento de Justicia han confirmado hasta el momento, representan una escalada en el escrutinio policial sobre Trump, y se produce cuando el exmandatario ha estado sentando las bases para lanzarse de nuevo por la presidencia.
A pesar de que una orden de registro no indica que haya cargos penales en un futuro, las autoridades federales que solicitan una deben demostrar que tienen causa probable de que se cometió un delito.
“Después de colaborar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta operación no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada”, dijo Trump en su comunicado.
“Son momentos oscuros para nuestra nación”, manifestó. “Mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, está siendo asediada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Esto nunca le había ocurrido antes a un Presidente de Estados Unidos”.
La portavoz del Departamento de Justicia Dena Iverson declinó hacer comentarios sobre el registro.
Una persona al tanto del asunto, que habló bajo condición de anonimato a fin de discutir una investigación en marcha, dijo que el registro ocurrió horas antes el lunes y que los agentes también buscaban si Trump tenía más archivos presidenciales o cualquier documento confidencial en la propiedad.
El Departamento de Justicia ha estado investigando la presencia de archivos confidenciales dentro de las 15 cajas que los Archivos Nacionales y Administración de Documentos recogieron de Mar-A-Lago hace unos meses. Los Archivos posteriormente refirieron el asunto al Departamento de Justicia.
La ley federal prohíbe el retiro de documentos confidenciales hacia lugares no autorizados, aunque es posible que Trump pudiera argumentar que, como presidente, tiene la máxima autoridad para retirar la confidencialidad de algún documento.
Existen múltiples estatutos que rigen la información confidencial, incluyendo una ley que establece penas de hasta cinco años de prisión y que criminaliza sacar este tipo archivos y resguardarlos en una ubicación no autorizada. Otro estatuto penaliza el mal manejo de documentos confidenciales, ya sea de forma intencional o negligente.
La pesquisa no es el único problema legal con el que Trump tiene que lidiar. Una investigación por separado relacionada a los intentos del exmandatario y sus aliados de anular los resultados de la elección presidencial de 2020 y a la revuelta del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal también se ha intensificado en Washington.
Además, el fiscal de distrito en el condado Fulton, en Georgia, investiga si Trump y sus allegados intentaron interferir en las elecciones en ese estado, las cuales ganó Joe Biden.
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