*Fernando Barbachano solicita la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional, para hacer cumplir las leyes en el Estado de Yucatán que le permitan la devolución de sus icónicas propiedades en la zona arqueológica
Chichén Itzá.- A fin de restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en Yucatán, el empresario hotelero Fernando Eugenio Barbachano Herrero solicitó la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador para poner fin al ilegal y violento allanamiento de sus hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá.
En conferencia de prensa, el reconocido inversionista yucateco pidió al Ejecutivo federal instruir a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Guardia Nacional para que atraigan el caso y le logren restituir ambas propiedades que fueron invadidas en la madrugada del viernes 18 de febrero pasado por un grupo de golpeadores contratados por la empresa Inmobiliaria R4 SA de CV, propiedad de Rodolfo Rosas Moya.
“El allanamiento violento por gente armada, sin intervención de las autoridades ni el auxilio oportuno de la policía a favor de estos hoteles íconos turísticos de nuestro país ante el mundo, puede afectar severamente la buena imagen que en materia turística tiene México a nivel internacional”, advirtió el empresario, quien refirió que estos delincuentes amagaron y agredieron al personal del hotel además de tomar control de las propiedades aún cuando al momento de los hechos se encontraban hospedados turistas nacionales y extranjeros.
Acompañado del abogado Manuel Rodríguez Villamill, el empresario yucateco refirió que con motivo de estos lamentables hechos, no vistos antes en Yucatán, interpusieron ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán la denuncia correspondiente y se abrió la carpeta de investigación UNATD13 GF/00274/2022. El fiscal investigador y la policía estatal han realizado diversas diligencias en las que han constatado que hay gente contratada por Inmobiliaria R4 SA de CV, quienes impiden el acceso a las instalaciones no sólo a los directivos de Posada Chichén Itzá SA de CV, legítima propietaria de los inmuebles, sino incluso a los mismos funcionarios y agentes estatales.
“Se ha pedido por todos los medios legales a las autoridades del Estado de Yucatán que restablezcan el estado de derecho y detengan el evidente allanamiento del que son objeto los hoteles Mayaland y The Lodge, sin obtener ningún resultado a la fecha”, comentó el empresario, quien destacó que el día de los lamentables hechos envió dos mensajes al Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal para solicitar su intervención sin obtener hasta la fecha respuesta alguna.
Barbachano Herrero comentó el grave riesgo que enfrenta la imagen turística no sólo de Yucatán, sino de México, siendo que los hoteles todavía reciben huéspedes por reservaciones previas al allanamiento y mismos que no tienen conocimiento que quienes están operando los hoteles no es la empresa propietaria con quienes los huéspedes celebraron el contrato de hospedaje, sino personas totalmente ajenas.
“En este momento no hay quien legalmente garantice no sólo las obligaciones del prestador de servicios turísticos para con sus huéspedes, sino tampoco su integridad física”, puntualizó el inversionista yucateco, quien responsabilizó a Rosas Moya y a las autoridades de lo que pudieran pasarle a él y a su familia debido a los atropellos y hostigamiento que han sufrido en días recientes, incluso en su residencia en Cancún.
“La familia Barbachano se ha conducido por generaciones con seriedad y ha contribuido de manera muy importante en el desarrollo económico y la calidad de vida de cientos de familias de muy diversos pueblos y localidades de Yucatán y Quintana Roo; ha generado empleos dignos, ha fomentado la cultura y de manera muy importante, ha logrado que millones de turistas de todo el mundo desde hace mas de Cien años, conozcan el gran legado de la Cultura Maya, además de ofrecer experiencias inolvidables en sus propiedades, con un servicio de clase mundial”, comentó.
De igual forma, refirió que “hoy enfrentamos una práctica de abuso que tristemente se hizo común en Tulum y la Riviera Maya, en Quintana Roo, con fraudulenta estrategia de despojos e invasiones y que ahora se asoman a Yucatán, de manos de Rosas Moya y con la complicidad de algunas autoridades”.
“Hoy me toca a mi ser la víctima de lo anterior y afortunadamente cuento con los medios para enfrentarlo y voy a luchar con toda mi entereza, llevando este asunto hasta sus últimas consecuencias incluso ante tribunales internacionales, para demostrar la verdad y la razón que me asiste. Hago un muy serio exhorto a la comunidad empresarial y a todos mis coterráneos, a estar atentos al desenvolvimiento de estos inéditos acontecimientos en nuestro querido estado, que ponen en evidencia los atropellos a la ley, que de continuarse van a lastimar profundamente los valores que nos distinguen a los yucatecos en México y en el mundo”, puntualizó.
Cronología
En fecha 3 de junio del año 2020, Inmobiliaria R4, S.A. de C.V. representada por Rodolfo Rosas Moya, suscribió una carta de intención de compra para la adquisición de los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá. En dicha carta se establecía que el 3 de julio de ese mismo año entregaría la cantidad de 6 millones de dólares en concepto de arras de garantía para la compraventa prometida. El precio por el que se prometió la venta del hotel Mayaland SA de CV fue por la cantidad de hasta $18,996,160 millones de dólares americanos.
En vez de la entrega de los 6 millones de dólares como arras de garantía de la compraventa prometida en un solo pago, el 3 de Julio del 2020 pidió un plazo más y garantizó con 10 millones de pesos que el 7 de agosto cumpliría el compromiso de pagar los referidos 6 millones de dólares, pero en dos exhibiciones de 3 millones de dólares cada una. Sin embargo, después de firmado el contrato de promesa de compraventa, Rosas Moya manifestó no tener completo el dinero para entregar como parte de la garantía y pidió dividir la segunda entrega de 3 millones de dólares en dos parcialidades de un millón y medio cada uno, estableciéndose el 27 de octubre del 2020 como fecha de entrega de esta cantidad, para completar el depósito de los 6 millones por concepto de la mencionada garantía.
El 26 de Octubre, vía electrónica primero y con una carta entregada al corredor de bienes, Rosas Moya manifestó no tener el dinero y solicitó otra prórroga para la entrega de los últimos 1.5 millones de dólares.
Ante los múltiples incumplimientos y la falta de seriedad demostrada por Rosas Moya a quien se le dio en múltiples ocasiones la oportunidad de pagar la totalidad del monto para concluir el proceso de compraventa, el 30 de octubre 2020 se tomó la decisión de rescindir el contrato, lo cual le fue notificado a él y a su empresa quienes eran los futuros compradores, mediante Notario Público. El 8 de enero de 2021 se demandó por la vía civil a Inmobiliaria R4 S.A de C.V por el pago de $1,500,000 de dólares de la diferencia restante para alcanzar el monto de los $6 millones de dólares convenidos por ambas partes como pena convencional.
En diciembre del 2021, Rosas Moya, con uso de influencias inventó y promovió un Juicio Ejecutivo Mercantil en el Juzgado Segundo Mercantil de Mérida, a cargo del Juez Raúl Cano Calderón, en mi contra, de dos de mis hijos, y de la empresa Mayaland, S.A. de C.V., con la clara intención de despojarnos de nuestras propiedades debido a que no existe ni se ha suscrito nunca título de crédito alguno o documento firmado en instrumento público en el que se reconozca adeudo ninguno en favor de Inmobiliaria R4 o de Rosas Moya
El 17 de febrero del presente año, siendo las 10:00 de la mañana se llevó a cabo una diligencia para emplazamiento en el Hotel Mayaland, diligencia que acusa ilegalidades ya que la actuaria Cathia Nallibe Azcorra Castillo únicamente designo como interventor al C. Alejandro Alvarado Muro y tal y como manifestó posteriormente en el Informe Policial Homologado de Investigación que está integrada en la carpeta de investigación UNATD13-GF/274/2022. La Actuaria declara NO HABER ENTREGADO LA POSESION DEL INMUEBLE. Es decir, corrompiendo autoridades al inventar un juicio mercantil logra órdenes espurias de embargos en contra de los hoteles. Por todo ello, se interpuso un juicio de amparo en contra de ese ilegal embargo, así como quejas ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán y ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
En la madrugada del día 18 de febrero pasado, más de 18 personas armadas, que nunca se identificaron como pertenecientes a corporación alguna de seguridad pública y sin estar acompañadas por ninguna autoridad competente, irrumpieron en los hoteles, golpearon y lesionaron al personal de seguridad; realizaron destrozos a las cámaras de seguridad, destruyeron los teléfonos móviles de más de 20 colaboradores, y secuestraron las instalaciones.
Ante la gravedad de lo que sucedía, en el mismo momento de los hechos, le pedí al Gobernador Mauricio Vila Dosal que interviniera para salvaguardar la seguridad de visitantes nacionales e internacionales; la de los colaboradores del hotel, y las propias instalaciones donde además hay vestigios arqueológicos patrimonio de la humanidad, pero lamentablemente no se tuvo respuesta alguna.
Se llamó al 911 para denunciar el delito de allanamiento y no fue sino hasta 5 horas después que una unidad policial fue al hotel y los agentes, contrario a los protocolos de actuación, solo se entrevistaron con los agresores, nunca entraron a la propiedad ni hablaron con el gerente, quien hizo la llamada, y procedieron a retirarse. Lo asombroso es que hasta el día de hoy, las fuerzas del orden salvaguardan los intereses de los allanadores que mantienen secuestrados los hoteles.