El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se reiniciaron los trabajos de construcción en el Tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, luego de que no procedieran los amparos contra dicha obra prioritaria.
Mediante un mensaje difundido en redes sociales, el presidente López Obrador dejó en claro que “habrá Tren Maya” el próximo año.
“Con absoluto apego a la legalidad, paciencia y el apoyo de la gente reiniciamos los trabajos del tramo Cancún-Tulum”, se lee en el mensaje.
“No procedieron los amparos en lo jurídico, en lo ambiental ni en lo social. Habrá Tren Maya”, puntualizó el mandatario mexicano.
El Tren Maya es uno de los proyectos prioritarios del presidente López Obrador, con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos, para construir más de mil 500 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Con absoluto apego a la legalidad, paciencia y el apoyo de la gente reiniciamos los trabajos del tramo Cancún-Tulum. No procedieron los amparos en lo jurídico, en lo ambiental ni en lo social. Habrá Tren Maya. pic.twitter.com/jJiRKKDEDT
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 4, 2022
En los últimos meses, activistas habían obtenido amparos y exigido al Gobierno suspender el Tramo 5 por haber provocado la tala de miles de árboles, contaminar ríos subterráneos y dañar patrimonio natural y arqueológico.
López Obrador declaró en julio pasado al Tren Maya como una obra de “seguridad nacional” para continuar su construcción a pesar de los amparos obtenidos por ambientalistas.
“Ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo”, expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina del pasado 19 de julio.
La declaración del presidente se produce un día después de una protesta de Greenpeace, que denunció el reinicio ilegal de las obras del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, en el estado de Quintana Roo, y que estaba suspendido por órdenes judiciales tras amparos obtenidos por ambientalistas y comunidades originarias.
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