El paquete de reformas fue enviado al Senado de la República para su análisis y discusión
CIUDAD DE MÉXICO.- En una sesión maratónica de 14 horas, la Cámara de Diputados aprobó fast track en lo general y en lo particular la reforma a leyes secundarias que dan el control de la Guardia Nacional a la Sedena.
La primera sesión ordinaria del segundo periodo de la 65 Legislatura, fue dedicada a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados del PT y el Verde Ecologista, hicieron suya para tener dispensa de trámites y evitar su paso por comisiones ordinarias.
Para la discusión en lo particular, después de un receso a la media noche, los coordinadores parlamentarios acordaron reducir de 289 reserva a la presentación de 139 reservas, con el registro de 71 oradores. En el transcurso de la madrugada fueron retirándose reservas y al final ninguna se aceptó.
La votación se dividió en dos partes. Primero se aprobó con 264 votos a favor, 212 en contra y 1 abstención en lo general y particular el proyecto que reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos transitorios.
Posteriormente se presentó a parte la reforma a la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea que fue aceptada por la coalición Va Por México (PAN, PRI y PRD), y que fue rechazada por la bancada de Movimiento Ciudadano. Dicha reforma se aprobó con 451 votos a favor, una abstención y 23 en contra de MC, en lo general y particular dicha reforma a Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea. Con este cambio se reconocerá la antigüedad a los elementos en la Guardia Nacional de la misma forma que a los militares.
La diputada de Morena, Rosangela Peña Escalante, justificó la iniciativa al asegurar que el Ejército y la Marina gozan de mayor confianza en el país con la actual administración. Enfatizó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene “ideologías autoritarias” ante los señalamientos de la oposición de que el actual gobierno podría usar a la Guardia Nacional como mecanismo de control a sus críticos.
“Las Fuerzas Armadas no son lo que eran el 68, porque el jefe del Ejecutivo tampoco lo es, ni sus objetivos obedecen a ideologías autoritarias, que menoscaban los derechos humanos y menos tienen una naturaleza bélica como la de otras naciones”, sostuvo.
Al final de la sesión, el diputado por el PAN, Humberto Aguilar Coronado, acusó al gobierno de la Cuarta Transformación de “tener más muertos” que el gobierno del expresidente Felipe Calderón, y que el discurso que usan del sexenio panista ya no puede justificar los malos resultados en materia seguridad.
“Ya hay más muertos que en el gobierno de Calderón. ¿Cómo lo justifican? No pueden culpar al pasado porque ya han pasado cuatro años de su gobierno”, lanzó.
El panista criticó la ruta de la reforma a la Guardia Nacional, pues primero, fue el anuncio del jefe del Ejecutivo porque fuera una reforma constitucional. Sin embargo, al verse rebasado por la moratoria constitucional que anunció la coalición Va Por México, su bancada optó por hacerla suya para poder dispensar todos los trámites y evitar el debate en las comisiones y parlamento abierto.
“Engañaron a los mexicanos prometiendo que los militares se regresaban a los cuarteles y se llenaron la boca afirmando que no iban a permitir la militarización, por eso les duele la exhibida que se les está dando en medios de comunicación, en redes sociales, por su cambio de postura”, reprochó.
Tras aprobarse en lo general y en lo particular la reforma de Guardia Nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, anunció el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se conforma la Sección Instructora.
Se aprobó la integración de la Sección Instructora, órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, encargada de los procesos de juicio de desafuero. Como presidente de la Sección Instructora el morenista Jaime Humberto Pérez, secretario, Leonel Godoy, de Morena, por el PAN, Elías Lixa y del PRI, el coordinador de la bancada tricolor, Rubén Moreira.
El órgano de gobierno tiene a su cargo practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho de responsabilidad política o penal de algún servidor público. En caso de aprobarse los desafueros, posteriormente son llevados a pleno y se requiere de mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno.
La última solicitud de desafuero en lo que va de la 65 Legislatura es en contra del diputado y presidente nacional, Alejandro Moreno, quien la Fiscalía General de Campeche, acusa de presunto enriquecimiento ilícito.
Ante esta solicitud, su bancada y la Alianza Va Por México, acusa al gobierno federal y de Campeche de persecución política por haber votado en contra de la Reforma Eléctrica.
Información de Excelsior