La Cámara de Diputados avaló la conocida reforma “Ley Ingrid” al Código Penal Federal, el cual sanciona hasta 10 años de prisión a los servidores públicos que filtren imágenes, audios, videos, documentos o información sobre la investigación penal, condiciones personales de una víctima o circunstancias de un delito.
La “Ley Ingrid” se trata de un proyecto de reformas al artículo 225 del Código Penal Federal, que busca evitar la “revictimización”.
La reforma pasó al Senado de la República, y modifica el artículo 225 del Código Penal Federal para imponer de 4 a 10 años de prisión y multas de 100 a 150 días valor UMA a los servidores públicos que filtren las imágenes de hechos delictivos u oferten expedientes.
Las penas aumentarán si la información que se difunda es de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
La reforma obtuvo 470 votos a favor, ninguno en contra y 0 abstenciones en la Cámara de Diputados.
Esta nueva ley se originó después de que medios de comunicación difundieron fotografías del cuerpo de Ingrid Escamilla, joven asesinada en la Ciudad de México en febrero de 2020.
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