La ciudad de Cancún pudo superar la crisis de basura que había estado sufriendo. Sin embargo, el gobierno de la morenista Mara Lezama enfrenta una multa multimillonaria por haberle cancelado la concesión a una empresa que incumplió con el servicio y cuya accionista mayoritaria es nada más y nada menos que la madre del exalcalde Carlos Canabal Ruiz
Hasta hace unas semanas, la ciudad de Cancún estaba inundada en basura.
¿Cómo es posible que la capital del polo turístico más importante de México sufra una crisis de salubridad de esa magnitud? La respuesta tiene que ver con una empresa irregular, un contrato leonino, un expresidente municipal y con su mamá.
Así es, con la madre del exalcalde Carlos Canabal Ruiz, cuya empresa podría recibir como indemnización cientos de millones de pesos del erario municipal, luego de haber dejado el puerto hecho un desastre.
Esta es la historia de la herencia basura de Cancún.
En 2018 algo empezaba a oler mal en la ciudad más poblada de Quintana Roo. Reportes periodísticos e imágenes en redes sociales revelaban un problema creciente: la acumulación de desechos en la vía pública.
Pero no fue hasta junio de 2020, con la actividad turística prácticamente paralizada a causa de la pandemia, que la emergencia ambiental en Cancún comenzó a salirse de control.
Y mientras que en la prensa local la alcaldesa morenista de Benito Juárez, Mara Lezama, era el principal foco de críticas, en el puerto se rumoraba que la empresa concesionaria a cargo de la recolección de basura estaba de alguna manera vinculada con el ex presidente municipal, Carlos Canabal Ruiz (2004-2005).
Tras meses de evidente incumplimiento en el servicio, de presentar una falta de al menos 40 camiones de basura y de no pagarle a casi 600 trabajadores, en octubre de 2020 el ayuntamiento decidió intervenir y suspender temporalmente la concesión a Intelligencia México S.A. de C.V.
Hoy, documentos en poder de Código Magenta comprueban las sospechas y más; revelan que durante la administración pasada, el Cabildo de Benito Juárez facilitó la concesión de manera irregular a Intelligencia México SA de CV, una empresa cuyo objeto social en un inicio nada tenía que ver con el manejo de residuos.
Pero más allá de eso, el gran detalle está en el contrato. Resulta que el acuerdo firmado entre la empresa y el municipio para asegurar el servicio de recolección basura en el destino turístico por 20 largos años, tiene una cláusula increíblemente favorable para el concesionario:
Según cálculos basados en información de la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo, la cantidad que ahora deberán pagar los cancunenses a Intelligencia México por cancelación de contrato podría rondar los mil millones de pesos.
El primer escenario, que contempla un volumen diario de mil 300 toneladas, equivaldría a una indemnización de 695 millones 333mil 026 pesos. Con mil 500 toneladas, el pago sería de 760 millones 768 mil 876 pesos, y si el volumen llegase a incrementar a mil 700 toneladas diarias (algo muy factible para el municipio de Benito Juárez), el monto que el gobierno local debería pagar a Intelligencia México alcanzaría los 858 millones 204 mil 726 pesos.
Así es, cientos de millones de pesos de los contribuyentes que podrían terminar -en parte- en la cuenta bancaria de doña Elvia Guadalupe Ruiz Ávila, señalada por fuentes cercanas al caso como la madre del ex alcalde perredista Carlos Canabal.
Intereses malolientes
La batalla entre la nueva administración morenista y un fiel representante de la vieja estructura política quintanarroense continúa vigente.
Luego de que en diciembre pasado el gobierno de Mara Lezama otorgara una nueva concesión, Intelligencia México se amparó ante la intervención municipal e incluso en contra de una auditoría que compruebe su incapacidad para brindar el servicio pactado y el incumplimiento de contrato.
Y por si eso fuera poco, durante la primera semana de enero, unidades de la empresa bloquearon por unos días el acceso al relleno sanitario municipal, dificultándole la labor de depósito a la nueva concesionaria, Red Ambiental.
Y es que, además de arrastrar acusaciones de corrupción, cabe mencionar que el tabasqueño Carlos Canabal es un hombre próspero. Descrito por Andrés Manuel López Obrador en 2006 como un paisano “zopilote”, Canabal Ruiz ostenta vínculos con una oscura red de empresas en Quintana Roo y en Miami, Florida, lugares de residencia del político, de acuerdo con las fuentes cercanas al caso.
En México, Canabal estaría vinculado con al menos seis compañías: Intelligencia México SA de CV, Cervecería Tulum SA de CV, Carwo Corporation SA de CV, Arrendamientos y Transportes Turísticos SA de CV, el Diario La Verdad SA de CV y la empresa Meta Medios SA de CV, está última implicada por una auditoría federal en el desvío de 35.8 millones de pesos de la Secretaría de Turismo en el esquema de corrupción bien conocido como la Estafa Maestra.
De acuerdo con reportes del sitio Luces TV, Elvia Guadalupe Ruiz Ávila figura como representante legal de ambas Carwo Corporation y Arrendamientos y Transportes Turísticos, así como administradora única del diario La Verdad. Registros de propiedad en Estados Unidos evidencian que Elvia Guadalupe también es representante de la empresa Carwo Technologies LLC. La sociedad Verdad Marine Inc, registrada en Florida, sería la única compañía que figure directamente al propio Carlos Canabal.
Por lo pronto, el destino turístico más importante de México ha podido superar la crisis de desechos que padeció en los últimos años. Sin embargo, aún no ha podido librarse del asedio de Intelligencia México y de los oscuros intereses detrás de ella.
Y aunque en el puerto finalmente se respira aire limpio, la pestilencia de la corrupción -y su herencia basura- siguen presentes y amenazan con hipotecar el futuro de Cancún.
Información de Código Magenta